El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo abordará la regulación del alquiler vacacional en septiembre, según lo acordado con las CCAA en la Conferencia Sectorial y en el que se dará voz a plataformas como Airbnb o HomeAway, con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico.
La titular de Turismo, Reyes Maroto, asegura que ya se está revisando toda la normativa existente sobre viviendas de uso turístico, tanto de los decretos autonómicos como de las leyes que habría que cambiar para «tratar de encajar la definición de vivienda turística», lo que conllevará además algunos cambios en la normativa estatal sobre arrendamiento.
Aunque son las comunidades autónomas las competentes para regular en esta materia desde 2013, ha subrayado la importancia del grupo interministerial creado por el Gobierno para reorientar la política de vivienda y del alquiler, del que formará parte el Ministerio que encabeza, ante el auge de este modelo de alojamiento y su impacto en el sector.
El auge de las «viviendas turísticas» ha generado un impacto considerable sobre la subida de los precios del alquiler, por lo que el objetivo es incorporarlas en la normativa que ayude a regular mejor la vivienda turística y el alquiler en general.
Para esto, el Gobierno quiere acotar la definición de arrendamiento de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que limita el alquiler de viviendas vacacionales y apartamentos por parte de particulares vinculándolo a la legislación turística de CC.AA. o aplica este régimen si no hay una norma autonómica.
La titular de Turismo espera que el grupo de trabajo creado en paralelo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –que ha impugnado las ordenanzas de ciudades como Madrid, Bilbao y San Sebastián — contribuya a unificar criterios.
Además, se busca crear un registro de pisos turísticos único con los datos aportados por las CCAA para ofrecer una imagen real de su impacto en el turismo, algo que ya han pedido algunas plataformas.
Siendo las CCAA las competentes en este materia, es importante su colaboración para recabar información de este fenómeno y valorar su evolución. Ya que al ser por código postal se podrían tener muy identificadas su número en toda España y en cada comunidad y poder actuar a partir de esta información.
En cuanto a la regulación fiscal, la ministra de Industria y Turismo asegura que las plataformas de alquiler vacacional y los propietarios estarán obligados a informar de su actividad a partir de enero de 2019. Sin embargo, las obligaciones fiscales aún están por definir y se trabaja en la mejora del modelo actual.
Fuente: Expansion.com
