La responsabilidad de los administradores en un concurso de acreedores

Para salvaguardar su responsabilidad, los administradores deben tomar medidas oportunas ante la insolvencia y el incumplimiento financiero, incluyendo la solicitud del mecanismo concursal con suficiente antelación. De lo contrario, en casos de liquidación empresarial, podrían ser considerados responsables.

La obligación del deudor de requerir la declaración de concurso de acreedores como resultado de la insolvencia está contemplada en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley Concursal. En este contexto, el administrador no solo tiene la facultad de solicitar el concurso para la empresa que administra, sino que también es parte de su deber como administrador responsable y diligente.

Por ende, el órgano administrativo de la empresa debe iniciar el proceso de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento o debió tener conocimiento de su insolvencia. Se presume que el conocimiento de la insolvencia existe en los siguientes casos (artículo 2 del TRLC):

  • Incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones corrientes del deudor.
  • Embargos por ejecuciones pendientes que afecten globalmente al patrimonio del deudor.
  • Declaración judicial o administrativa de insolvencia del deudor.
  • Alzamiento o liquidación precipitada o ruinosa de los bienes por parte del deudor.

Esta presunción busca prevenir que el deudor agrave la situación económica de la empresa, dificultando o impidiendo el pago de los créditos a los acreedores.

El incumplimiento de esta obligación puede conllevar la presunción de culpabilidad del concurso para el administrador y la posible responsabilidad por las deudas sociales.

El artículo 367 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que, en caso de no solicitar la liquidación o el concurso cuando corresponda, los administradores serán solidariamente responsables de las deudas sociales posteriores a dicha situación.

Por tanto, al no cumplir con la obligación de solicitar el concurso, serán responsables de las deudas contraídas después de que la sociedad se encuentre en situación de liquidación o insolvencia.

Además, la carga de la prueba sobre estas deudas recaerá en los propios administradores, ya que la ley establece una presunción iuris tantum de que las deudas son siempre posteriores a la causa de disolución.

Es fundamental contar con un asesoramiento adecuado para evaluar la viabilidad empresarial y evitar las posibles consecuencias personales. Esto puede incluir la reestructuración de la deuda o acuerdos de pago con los acreedores, como quitas o esperas, que implican acuerdos donde los acreedores aceptan plazos de espera o incluso reducen la deuda para poder recuperar al menos parte de ella.

Si desea más información sobre cómo proteger su responsabilidad como administrador frente a la insolvencia empresarial, no dude en ponerse en contacto con Fimax Asesores.

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