La Ley de Morosidad en las solicitudes de subvenciones

Se presentan de manera concisa las modificaciones aprobadas mediante Real Decreto en la Ley General de Subvenciones que impactan en la Ley de Morosidad. Estas disposiciones aplican a todas las subvenciones anunciadas a partir de octubre de 2022 y aún por resolver.

¿Ha presentado una solicitud de subvención cuya convocatoria se publicó después del 19 de octubre de 2022? ¿Está considerando solicitarla o está en proceso de preparar su solicitud? En tal caso, le brindamos información relevante. A continuación, detallamos las novedades y preguntas frecuentes relacionadas con la Ley General de Subvenciones.

En el Boletín Oficial del Estado se publicó un Real Decreto Ley (RDL 5/2023 de 28 de junio) que incorpora medidas específicas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la Guerra de Ucrania. Este decreto se traduce en nuevas disposiciones, medidas y modificaciones de diversas leyes. Entre estas modificaciones, una de las más significativas en lo que respecta a la solicitud de ayudas públicas es aquella referida a la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003 de 17 de noviembre).

Las modificaciones introducidas por este RDL 5/2023 de 28 de junio en la Ley General de Subvenciones abordan diversas incertidumbres relacionadas con su alcance, requisitos, plazos de acreditación, así como el proceso y los efectos de las certificaciones.

¿A quiénes afecta la Ley de Morosidad 2023?

La normativa establece que la aplicación de la ley de morosidad, para ser elegible para ayudas, afecta a todas las «personas físicas y jurídicas, diferentes de las entidades de derecho público, con fines de lucro que se encuentran dentro del ámbito de la Ley 3/2004, de Morosidad», en el caso de subvenciones que superen los 30.000 euros. Esto implica que entidades sin fines de lucro o entidades de derecho público no estarían obligadas a demostrar el cumplimiento de la ley para ser beneficiarios. Los requisitos de cumplimiento de la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) se aplican exclusivamente a personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro.

¿Cuáles son los requisitos de cumplimiento?

Es esencial verificar que las compañías realicen los pagos a sus proveedores en un plazo no superior a 60 días, contados desde la fecha de la entrega del bien o servicio, o en su defecto, desde la fecha de emisión de la factura.

Se considera aceptable para ser beneficiario de este proceso cualquier forma de financiamiento que posibilite el cobro anticipado por parte del proveedor, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:

  1. El coste de esta financiación recae sobre el cliente.
  2. No exista la posibilidad de que el proveedor tenga recursos disponibles en caso de falta de pago. En esta circunstancia, se abriría la opción de que el confirming se considere como un medio válido de pago para cumplir con las obligaciones establecidas.

¿Cuál es el procedimiento para verificar el cumplimiento?

El proceso implica la verificación del cumplimiento de la Ley por parte de un auditor registrado en el ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas).

¿Cómo se realiza esta verificación?

Las empresas que pueden presentar una cuenta de Pérdidas y Ganancias (PyG) abreviada pueden respaldar su cumplimiento mediante una declaración de responsabilidad o a través del Informe de Procedimientos Acordados (IPA).

Aquellas empresas que no pueden presentar una cuenta de PyG abreviada pueden justificar su cumplimiento mediante el certificado emitido por un auditor de cuentas registrado en el ROAC, basándose en la información recopilada en el informe de auditoría, o a través del IPA. En este último, mediante un muestreo, un auditor ROAC certifica que, en una fecha específica, la empresa cumple con los requisitos de pago en un plazo máximo de 60 días.

Es importante señalar que, según la modificación aprobada en el Real Decreto RD 5/2003, existe incertidumbre jurídica con respecto al objetivo de cumplimiento en el pago de las facturas a proveedores. Por esta razón, se recomienda proporcionar un certificado del auditor basado en la información de las cuentas auditadas en caso de que el grado de cumplimiento sea del 100% de las facturas. En caso de no ser posible, se sugiere presentar un IPA, donde el grado de cumplimiento se reduce al 90% de las facturas de la muestra.

Además, se ha introducido un artículo para regular el IPA (artículo 22 bis del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) con dos aspectos:

  1. Se excluyen del Informe las facturas correspondientes a proveedores que formen parte del mismo grupo de sociedades según el artículo 42 del Código de Comercio.
  2. Se detalla la forma en que se debe elaborar el Informe.

¿Cuándo se debe justificar este cumplimiento

La verificación del cumplimiento se realizará dentro de un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la propuesta de resolución provisional, a menos que las bases reguladoras contemplen otro plazo o momento para la acreditación.

En caso de que el certificado del auditor o el Informe de Procedimientos Acordados (IPA) no pueda obtenerse antes de la conclusión del plazo establecido:

Se deberá presentar evidencia de haber solicitado dicha acreditación. El informe final se presentará una vez obtenido, justo antes de la resolución de la concesión definitiva.

¿Cuál es el efecto de los certificados?

Se ha realizado una modificación en el artículo que aborda los efectos de las certificaciones:

Ni el IPA ni los certificados generan derechos ni expectativas de derechos para los solicitantes ni terceros. Una vez emitidas las certificaciones, su vigencia se extenderá por un período de seis meses a partir de la fecha de emisión.

Antecedentes sobre la Ley de Morosidad 2023

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, constituye un marco legal fundamentado en los principios de estabilidad presupuestaria y transparencia. Este instrumento regula el régimen jurídico de las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones Públicas en España. Para las entidades gubernamentales, establece la obligación de desarrollar un plan estratégico de subvenciones, detallando sus propósitos, impactos, plazos, costos estimados y fuentes de financiación. Todo ello se subordina a los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Mediante la Ley Crea y Crece (18/2022), se realizaron modificaciones en los artículos 13 y 31 de la Ley General de Subvenciones, incorporando dos requisitos adicionales:

  1. La incapacidad de ser beneficiario de una subvención superior a 30.000 euros para empresas que incumplan la Ley de Morosidad promulgada en el año 2004 (3/2004).
  2. Para las empresas receptoras de ayudas, se demanda que los gastos justificados de los proyectos sean abonados dentro del plazo establecido en la Ley de Morosidad (3/2004).

Sin embargo, con la disolución de las Cortes debido a la convocatoria de elecciones generales del 23 de julio, la aprobación y publicación en el BOE quedaron en suspenso.

El Gobierno ha dado un paso al frente al aprobar por Real Decreto la entrada en vigor de la normativa para todas las subvenciones publicadas a partir del 19 de octubre de 2022 y pendientes de resolución, así como aquellas que se publiquen de ahora en adelante.

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