Incompatibilidad, límites cuantitativos de la reducción fiscal e incumplimiento de los requisitos de la RIC

Incompatibilidad del régimen

Además de la incompatibilidad con ciertas ayudas del Estado, el beneficio de la RIC es incompatible, para los mismos bienes y gastos, con las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades y con la deducción por inversiones.

Tratándose de activos usados y de suelo, estos no pueden haberse beneficiado anteriormente de la RIC ni de las de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, ni de la deducción por inversiones descrita en los puntos anteriores.

Es importante saber, que la Ley no establece la incompatibilidad entre la RIC y el régimen fiscal de la ZEC.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la parte de base imponible de las entidades ZEC, sometida al tipo de gravamen especial reducido, debe cuantificarse de forma objetiva, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 44 de la Ley 19/1994, por lo que no puede ser objeto de reducción por aplicación de la RIC.

La parte de base imponible de las entidades ZEC sujeta al tipo de gravamen general, que proceda de establecimientos situados en Canarias, puede reducirse por dotación de la RIC.

Límites cuantitativos de la reducción fiscal por dotación a la RIC

La suma del importe de la minoración de la cuota íntegra por el impuesto que se deriva de la aplicación de la reducción por dotación de la RIC y de cualquier otro beneficio fiscal o subvención de cualquier Administración pública, devengados o concedidos con ocasión de una misma inversión no puede exceder de los límites previstos en la normativa comunitaria para las ayudas a la inversión.

De acuerdo con el Derecho comunitario, las ayudas de Estado de finalidad regional no pueden exceder de determinados límites: en el caso de regiones ultraperiféricas , como ocurre con las Islas Canarias, el 40% , porcentaje que se eleva al 50% para las medianas empresas y al 60% para las microempresas.

La normativa comunitaria define como:

Microempresa: aquella que no supera 2.000.000 euros de balance general anual o de volumen de negocio anual y ocupa a menos de 10 trabajadores;

• Mediana empresa: aquella con cifra menor o igual a 43.000.000 euros de balance general anual, 50.000.000 de volumen de negocio anual y ocupa a menos de 250 trabajadores;

• Gran empresa: aquella con cifras mayores de 43.000.000 euros de balance general anual, 50.000.000 euros de volumen de negocios anual y ocupa a 250 o más trabajadores.

De esta manera, se impide que la suma de la reducción de la cuota por la aplicación de la RIC y de cualquier otro beneficio fiscal o subvención de cualquier Administración pública, devengados o concedidos con ocasión de una misma inversión inicial, exceda de tales límites.

Con objeto de computar todas las ayudas que se puedan recibir en relación con un mismo proyecto de inversión, se considera como tal el conjunto de activos adquiridos en un plazo de 3 años que se integren en una unidad autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios.

Se remite a un desarrollo reglamentario determinar qué información deben suministrar los sujetos pasivos que disfruten de la RIC con el objeto de verificar el importe de las ayudas y beneficios obtenidos en relación con una misma inversión; y también establecer las obligaciones a cargo del contribuyente para informar sobre la adquisición de elementos de transporte marítimo o aéreo, las realizadas por el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas cuyo importe supere los 25.000.000 euros o si la reducción de cuota resultante de la RIC rebasa los 12.000.000 euros.

Incumplimiento de requisitos

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos para gozar del régimen implica la integración en la base imponible del ejercicio en que tenga lugar el incumplimiento de las cantidades que redujeron la base en su día (o la pérdida de la deducción en el IRPF practicada, según proceda), con liquidación de intereses de demora y la imposición de las sanciones que resultaran procedentes.

Si se incumple la obligación del ejercicio de la opción de compra prevista en los contratos de arrendamiento financiero, la integración en la base imponible se realiza en el ejercicio en el que contractualmente está previsto el ejercicio de la opción.

Estas normas no rigen para los incumplimientos consistentes en la falta de contabilización de la RIC y los relativos a la información que deba constar en la memoria. En relación con estos, se han establecido las siguientes infracciones tributarias específicas:

  • Son infracciones graves:
  • La falta de contabilización de la reserva para inversiones en los términos previstos en la Ley, sancionándose con multa pecuniaria proporcional del 2% de la dotación que debiera haberse efectuado.
  • No hacer constar en la memoria de las cuentas anuales la información requerida, sancionándose con multa pecuniaria proporcional del 2% del importe de las dotaciones a la reserva para inversiones que debieran haberse incluido.
  • Incluir datos falsos, incompletos o inexactos en la memoria de las cuentas anuales, sancionándose con multa pecuniaria fija de 100 euros por cada dato omitido, falso o inexacto, con un mínimo de 1.000 euros.
  • Constituye infracción tributaria leve no comunicar los datos o comunicar datos falsos, incompletos o inexactos, que se sanciona con multa pecuniaria fija de 100 euros por cada dato omitido, falso o inexacto, con un mínimo de 500 euros.

En virtud de lo dispuesto, es necesario realizar las siguientes matizaciones:

  1. En el caso de un traslado total de la actividad económica a la Península, se pierden los beneficios fiscales de la RIC. Conforme a ello, el incumplimiento de las obligaciones de materialización de las cantidades pendientes y de mantenimiento de las inversiones da lugar a integrar en la base imponible del ejercicio del traslado total de la actividad las cantidades que en su día dieron lugar a la reducción, además de la liquidación de los correspondientes intereses de demora.
  2. El incremento del impuesto a pagar en el ejercicio en que produjo la regularización de una RIC dotada en ejercicios anteriores, producido como consecuencia de la integración en la base imponible de ese ejercicio de las cantidades que se redujeron en su día, constituye una diferencia permanente positiva, que determina una minoración de la dotación máxima que se puede realizar con cargo al beneficio del ejercicio en que se produce dicha regularización.

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