Nuevo impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas

El 28 de diciembre de 2022 se dio a conocer en el BOE la Ley 38/2022, del 27 de diciembre, que establece el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (IGF).

 Debido a su naturaleza temporal, el impuesto se aplicará inicialmente a los ejercicios fiscales del 2022 y 2023, aunque el legislador ha dejado la posibilidad abierta de evaluar los resultados al final del período de vigencia y decidir si mantenerlo o suprimirlo. 

 Este impuesto recién establecido tiene como objetivo aumentar los ingresos y unificar las regulaciones regionales. Es considerado un tributo directo, individual y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que impone un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas físicas que superen los 3.000.000 euros. Se extiende a nivel nacional en todo el territorio (excepto en el caso de los regímenes forales vascos y navarros y las regulaciones de los tratados y acuerdos internacionales que formen parte del ordenamiento jurídico interno) y no se puede transferir a las comunidades autónomas.

La norma establece que las pautas del IP deben ser empleadas en cuanto a definir los obligados tributarios, las circunstancias de exención y el cálculo de la base gravable.

 Así, si un residente en España tiene la obligación personal de pagar impuestos, su base imponible se reducirá en 700.000 euros como mínimo exento. Además, su patrimonio neto será gravado con las exenciones correspondientes según la siguiente lista:

Base liquidable
Hasta euros
Cuota
Euros
Resto base liquidable
Hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
5.347.998,03
39.915,97
5.347.998,03
1,7
10.695.996,06
152.223,93
En adelante
3,5

Una vez que se ha establecido la cantidad total a pagar, se implementa un límite similar al que ya existe para las cuotas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto sobre el Patrimonio (IP). Cuando la suma de las cuotas para el IRPF, IP y el Impuesto sobre Grandes Fortunas (IGF) supera el 60% de la base imponible del IRPF, se reducirá la cuota del IGF hasta que alcance ese límite, aunque la reducción no puede exceder el 80% de la cuota anterior al ajuste del IGF. Se utiliza la normativa del IP para el cálculo de estas medidas1.

Al aplicar el límite anteriormente mencionado, la normativa dispone que se deduzca de la cuota a pagar la cantidad del IP que se haya pagado «realmente», y una vez realizado este cálculo, se procederá al pago final.

Indudablemente, la inclusión de este reciente tributo perjudica mayormente a los contribuyentes que residen en regiones autónomas donde se bonifica el Impuesto sobre el Patrimonio, así sucede en las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía (con una bonificación del 100%), y en menor medida en Galicia (con un descuento del 50% desde el 2023, y 25% en 2022). Sin embargo, sin importar la región de residencia de los contribuyentes, esta última tarifa podría influir en numerosos individuos y familias pertenecientes principalmente al sector empresarial, en relación a la estructura societaria, las propiedades personales y empresariales, los sistemas de remuneración establecidos y, en definitiva, cualquier aspecto que pueda resultar crucial dentro del ámbito de la tributación patrimonial.

 Se han planteado preguntas recurrentes orientadas a examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa del IP (y ahora también en la del IGF) para poder implementar las exenciones y limitaciones de tributación correspondientes. Aunque cada situación particular de cada contribuyente o conjunto familiar debe ser analizada individualmente, existen áreas de acción potencialmente comunes que se pueden identificar.

1. Sin duda alguna, el primer aspecto a evaluar en situaciones donde las familias sean dueñas de acciones en empresas (o negocios establecidos a nivel personal), es la implementación del régimen de empresa familiar. Puesto que el cumplimiento de los requisitos determinados por la Ley de IP, tendrá un efecto directo en la consideración de dicho patrimonio como exento de impuestos en el IP (en su totalidad o en parte), y por ende, en el IGF. 

En este contexto, hay varios factores que tienden a ser «cruciales«. Sin tratar de ser exhaustivo, éstos suelen relacionarse con (i) la actividad de la empresa y la distinción entre su patrimonio afectado o no afectado por el negocio realizado, con un enfoque particular en la afectación del patrimonio financiero, (ii) la realización de funciones directivas, y/o (iii) la recepción de pago por parte de los miembros de la familia.

2. En segundo lugar, es recomendable analizar los elementos ligados a la obtención de ingresos, ya que tanto su cantidad como la naturaleza del ingreso conseguido influirán en la aplicación del límite de la cuota íntegra IGF/IP/IRPF que mencionábamos antes. Esta cuestión es de suma importancia ya que la aplicación de dicho límite puede desembocar en una reducción de hasta el 20% de la cuota del IGF previamente calculada.

3. Después de examinar los factores mencionados anteriormente, ciertos empresarios familiares a menudo consideran regalar una fracción de su caudal a sus parientes cercanos (como su pareja o sus hijos) como una forma de transferencia de propiedad. Sin embargo, antes de proceder con esta acción, es importante comprender las detalles específicos de la donación que se tiene en mente.

En primer lugar, el ahorro obtenido a través del IGF puede no ser significativo en todas las situaciones. Por ejemplo, para aquellos patrimonios que tienen un tipo marginal de impuesto y están limitados a una cuota íntegra (IRPF/IP/IGF), lo que significa que deben pagar un 20% del IGF original, la tasa de impuesto sería del 0,7% (3,5% x 20% – tasa máxima del IGF por 20%), lo que significaría una reducción de la cuota del IGF de 7,000 euros por una donación de 1 millón de euros.

En segundo lugar, debido a que, incluso si muchas de las comunidades autónomas han establecido sus propias reducciones en el Impuesto sobre Donaciones, aliviando la carga tributaria del receptor, el donante generalmente aún tendrá que pagar impuestos sobre las ganancias de capital que surjan de la transferencia, y sin tener en cuenta las circunstancias personales/familiares en cada caso que pudieran surgir (como transferencias de cónyuges o menores de edad, por ejemplo) que deberían considerarse más allá de un punto de vista puramente «tributario».

En varios círculos se coincide en que el IGF podría ser considerado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). Se sabe públicamente que la Comunidad de Madrid ha interpuesto un recurso para que se declare esta inconstitucionalidad del impuesto, y en breve, Andalucía lo hará también.

En esta situación, es esperable que los ciudadanos impugnen las autoliquidaciones que han presentado, comenzando así el proceso adecuado que permita recuperar el importe que han abonado en caso de que el impuesto sea finalmente declarado inconstitucional.

  1. Con fines similares, en relación con el IRPF, no se considerará en la base imponible ni en la cuota íntegra la porción de la base de ahorro derivada de las ganancias y pérdidas de capital correspondientes al saldo positivo de las transmisiones de bienes patrimoniales adquiridos más de un año antes de la fecha de transmisión; y, en relación con el IP, no se considerará en la cuota la parte correspondiente a los bienes patrimoniales que, debido a su naturaleza o destino, no sean capaces de generar un rendimiento gravado por la Ley del IRPF.

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