Cómo afecta a las pymes la subida del salario mínimo

El alza del SMI hasta los 900 euros puede ser especialmente gravosa para las empresas de menor tamaño. Sin embargo, no afectará a los autónomos que no tengan empleados a su cargo.

Los planes del Gobierno de elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) han sentado como un jarro de agua fría en el mundo empresarial. La propuesta, que está recogida en el acuerdo presupuestario entre el Ejecutivo y Podemos, contempla elevar el mínimo mensual de 736 a 900 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento del 22%. El nuevo salario equivaldría a 1.050 euros para aquellos que cobren doce mensualidades.

Esta perspectiva podría resultar particularmente onerosa para las empresas de menor tamaño, cuyo músculo financiero no siempre permite pagar sueldos superiores a 900 euros. Además, como explica Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de del Área de Entorno Económico de IE Business School, la subida puede generar un «efecto arrastre» en aquellos salarios que superan por poco los 900 euros.

Oposición frontal

Desde Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) se muestran críticos con la medida. «Los efectos no sólo son los directos, en cuanto a costes de bases mínimas, sino que, además, va a tener unos efectos negativos en la negociación colectiva, cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas en el IV AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva)», señala Antonio Garamendi, presidente de Cepyme. Además, este incremento «puede suponer graves perjuicios para el empleo, especialmente respecto a los colectivos más vulnerables, dificultando la incorporación de personas desempleadas, así como produciendo una pérdida de competitividad de las empresas españolas», asegura.

La subida también se ha encontrado con la oposición frontal del colectivo de autónomos. En este sentido, el Gobierno ha querido tranquilizar a estos empresarios asegurando que el próximo 1 de enero de 2019 entrará en vigor la reforma del régimen de autónomos, que permitirá que coticen por sus ingresos reales. De todos modos, aunque la reforma no entrase en vigor en el plazo previsto, el Gobierno asegura que la subida del SMI no estará vinculada a la cuota mínima que tienen que pagar.

No obstante, el millón de autónomos que tienen trabajadores a su cargo (el 22,3% del total, según datos del Ministerio de Trabajo) sí tendrán que asumir el coste. «La medida supondrá un gravamen de 3.000 euros al año por trabajador para los empresarios autónomos que tienen empleados que cobran el SMI», advierte Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Entre los sectores más afectados figuran aquellos más intensivos en mano de obra con una baja cualificación, como construcción, hostelería y agricultura. El impacto es mayor en aquellos productos que compiten en el plano internacional, sobre todo cuando lo hacen vía precio. «En un mundo globalizado competimos con empresas de países en vías de desarrollo cuyos costes laborales son muy inferiores y que no tienen que cumplir con los requisitos de la normativa europea. Si encima elevas los salarios mínimos, dejas totalmente fuera de mercado a muchas empresas», afirma el responsable de una empresa aceitera andaluza.

Otra posible derivada es el impacto que puede provocar la subida en la producción nacional. «Me preocupa cómo puede afectar al sector de la moda. En los últimos años se estaba consiguiendo que la producción se volviera a localizar en España y medidas como esta no ayudan», señalan desde una compañía peletera.

Ante esta situación, la pyme sólo cuenta con una alternativa: repercutir el aumento de los costes en el precio del producto. «La cuestión es si el mercado para ese producto podrá absorberlos», comenta Martínez Lázaro. En consecuencia, algunas pymes podrían paralizar la contratación e incluso realizar despidos. «Llevado al extremo, es posible que la pyme tenga la obligación de amortizar puestos de trabajo ante la imposibilidad de hacer frente al sobrecoste que ello implica, y podría ser despido procedente si acredita la existencia de causa económica suficiente para ello», aclara Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados.

Claves

  • ¿Es necesario ganar el equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) para darse de alta como autónomo? La norma exige que todas aquellas personas que realicen una actividad económica por cuenta propia de forma habitual, personal y directa, se den de alta como autónomos. En consecuencia, la obligación no depende de los ingresos, sino de que se obtengan de forma continuada. Sin embargo, la «habitualidad» es un concepto jurídico indeterminado e imposible de comprobar. Por tanto, el Tribunal Supremo ha establecido como baremo que los ingresos obtenidos superen el SMI.
  • Si aumenta el SMI ¿qué ocurre con los autónomos que ganan menos de esa cifra? En la práctica, algunos podrían optar por salir del sistema. «Podría haber actividades que se realizaran de forma más o menos permanente que escaparan a la obligación de cursar alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) a pesar de cumplir ese criterio de habitualidad, quedando en la economía sumergida y fuera de la obligación de cotizar», señala Ana Godino, socia de Sagardoy Abogados.
  • Aquellos que ingresen menos del SMI ¿tendrán que cotizar más? La base mínima de cotización se establece cada año en la Ley de Presupuestos. «Hasta ahora estaba fijada por encima del SMI, pero podría mantenerse por debajo sin obligación de alcanzar el mismo», aclara Godino. En todo caso, la ministra de Hacienda, María José Montero, afirma que el 1 de enero entrará en vigor la reforma del régimen de autónomos, con la que estos empresarios cotizarán por sus ingresos reales. La reforma permitirá que los que tengan ingresos más bajos (incluso pérdidas) puedan cotizar por debajo de la base mínima.
  • ¿Qué sucede con los autónomos con trabajadores a su cargo? Tendrían que elevar el sueldo de sus empleados cuando se publique la Ley de Presupuestos, salvo que la norma establezca otra fecha.

Fuente: Expansión

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