El 7 de mayo de 2020 el BOE publicó el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2020.

La nueva norma da respuesta a la urgente necesidad de un texto refundido en materia concursal, dadas las dificultades de lectura e interpretación que suscitaban las sucesivas reformas aprobadas con el tiempo. En este contexto, el legislador tuvo que intervenir para tratar de dar solución adecuada a aspectos no contemplados inicialmente en la norma, como por ejemplo la incorporación del criterio del valor razonable del bien o del derecho sobre el que se hubiere constituido la garantía como límite del privilegio especial del crédito garantizado, el reconocimiento del derecho del deudor a solicitar en cualquier momento la apertura de la liquidación, el régimen de los concursos sin masa suficiente para hacer frente a los costes del procedimiento y la introducción del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del que, en ciertas condiciones, puede gozar el deudor persona natural.

Así, el texto refundido de la Ley Concursal tiene como objeto la regularización, aclaración y armonización de una serie de normas nacidas en momentos distintos y generadas desde concepciones que no siempre han sido coincidentes.

Sin embargo, España tiene pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023, que tiene como finalidad establecer mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las deudas, simplificar el derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar costes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de deudas.

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Por ello, el texto refundido que se acaba de aprobar constituye la base idónea para acometer de forma más ordenada, clara y sistemática esa inexcusable transposición.

La finalidad conservativa del Derecho concursal se manifiesta no solo a través de normas con vocación de permanencia como el texto refundido aprobado, sino que en el contexto de la crisis sanitaria originada por el Covid-19 también se han adoptado medidas urgentes, de naturaleza temporal y extraordinaria, con incidencia en el ámbito concursal.

El ámbito temporal de aplicación de estas medidas es limitado, pues tratan de atender de manera extraordinaria y urgente la situación de los procesos concursales tras la finalización del estado de alarma y la situación de las empresas afectadas por la disminución o el cese de actividad motivada precisamente por las consecuencias económicas generadas por la mencionada crisis sanitaria, de modo que durante un cierto período de tiempo ambas normas, texto refundido y normas excepcionales, coincidirán en su aplicación, si bien cada una en su respectivo ámbito.

Asimismo, una reciente sentencia del STS establece que cuando una empresa promueve un proceso de reestructuración, y una entidad bancaria se lo rechaza, aquélla puede acudir a los tribunales en reclamación de dicho derecho de reestructuración y, en todo caso, solicitar daños y perjuicios contra dicha entidad en caso de que ya fuera demasiado tarde para ayudar a la citada empresa a salvar dicho bache de liquidez o viabilidad.

Por tanto, siempre debe de prevalecer el principio de subsistencia y viabilidad de la empresa, por cuanto debe de persistir en la negociación con los acreedores. y apostar por unas figuras como puedan ser el acuerdo de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos, aun incluso con las entidades públicas como la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dado que las mismas deben de cambiar de enfoque y facilitar la viabilidad de las empresas y, por ende, el mantenimiento de puestos de trabajo.

Desde Fimax Asesores le asesoramos en la consecución de financiación y de refinanciación que su empresa pueda necesitar, y por supuesto en la mejor opción de la normativa concursal para la realidad presente o futura de su sociedad .

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