Delito de fraude a la seguridad social

El artículo 307 del Código Penal castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas EXCEDA DE 50.000 EUROS.

Es decir si en el año 2022 debo 50.0001 EUROS sin intención de abonarlo ni reconocer la deuda, ya estaría cometiendo un delito de Fraude a la Seguridad Social.

Para determinar la cuantía mencionada se atenderá al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

Conductas que pueden calificarse como delito contra la Seguridad Social

La primera y más común, es no cumplir con el pago de cuotas que se deben a la Seguridad Social. Las cuotas, que incluye tanto las cotizaciones que, en el Régimen General de la Seguridad Social, tiene que pagar el empresario (sea sociedad o autónomo) como las que corren a cargo del trabajador (existen regímenes especiales en los que sí han de pagar las cotizaciones), y también comprende las primas de accidentes de trabajo y las primas de enfermedad profesional.

La segunda es obtener indebidamente una devolución de cuotas debidas. Se refiere a las devoluciones que se realizan en los casos en los cuales los obligados al pago de las cotizaciones u otras deudas con la Seguridad Social, hayan ingresado una cantidad no correspondiente por error.

La tercera es el disfrute de forma indebida de deducciones por cualquier concepto.

Para que cualquiera de estas tres conductas sea delito, es necesario que la cuantía defraudada sea SUPERIOR A 50.000 euros. Este importe se refiere a un período de cuatro años naturales; es decir, que las cuantías defraudadas a lo largo de cuatro años se suman entre sí sea superior 50.000 euros.

Por ejemplo:

Año 2019: 12.500
Año 2020: 12.500
Año 2021: 12.500
Año 2022: 12.501

Como podemos ver en este ejemplo si sumamos la deuda de los 4 años, nos da un  total de 50.001€, y por lo tanto estaríamos ante un delito de fraude a la Seguridad  Social.  

El delito contra la Seguridad Social tiene varias consecuencias jurídicas: por un lado, se  impondrán al autor del fraude de uno a cinco años de prisión; por otro lado, se le  impondrá también una multa, que puede ser de hasta seis veces la cuantía defraudada.  Y además, perderá la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas, así como  de disfrutar de beneficios o incentivos de la Seguridad Social en un plazo de tres a seis  años. 

La regularización

La regularización es como un “arrepentimiento espontáneo” por parte del deudor;  supone no tener responsabilidad criminal a pesar de que se haya cometido un fraude a la  Seguridad Social.  

Para lograr este resultado es necesario cumplir dos condiciones: 

  • La primera será no solo reconocer la deuda que el obligado tiene frente a la Seguridad Social, sino también proceder al completo pago de la misma.
  • Y la segunda, que ese reconocimiento y pago ha de realizarse necesariamente antes de que se hubiera notificado al obligado el hecho de que se ha iniciado una actuación inspectora contra él, dirigida a determinar el importe de la deuda que debe a la Seguridad Social. Es decir, si la Seguridad Social nunca inició tal procedimiento inspector, entonces es posible regularizar hasta el momento en que se inicie un proceso judicial, por ejemplo porque el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interpongan denuncia o querella.

Una vez el obligado ha regularizado su deuda, el efecto que se produce es que no se le puede perseguir por un delito de fraude contra la Seguridad Social, pero tampoco por otros delitos que se hubieran cometido en relación a esa deuda antes de que fuera regularizada, como por ejemplo irregularidades contables u otras falsedades.

Si no puede regularizar en plazo, porque ya se ha iniciado un expediente sancionador o judicial, el deudor será condenado, pero la pena será considerablemente inferior (hasta uno o dos grados menos) si en un plazo de dos meses desde que se le cite judicialmente como imputado, reconoce los hechos ante el Juez y procede al completo pago de la deuda frente a la Seguridad Social.

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