Desde Fimax Asesores queremos indicarte que se trata de una prórroga o periodo de gracia que la ley concede a las empresas para que tengan una última oportunidad de reconducir su situación de insolvencia antes de la intervención judicial. Lo cual es de gran utilidad para cuando llegue la normalidad sanitaria ya que lo más común será que sus deudas se hayan multiplicado como consecuencia de la misma.

Si tu empresa está atravesando una delicada situación financiera y tu patrimonio neto se ve minorado de forma alarmante por pérdidas acumuladas procedentes de la cuenta de resultados con la lógica disminución del fondo de maniobra, o lo que es igual de la solvencia de la compañía, deberías actuar cuanto antes para reestructurar el pasivo y volver a la sostenibilidad empresarial o mejor todavía a la senda de los beneficios y superávits.

En ocasiones es difícil saber cuándo la sociedad está en causa de insolvencia. De hecho, la propia Ley concursal diferencia entre insolvencia actual e inminente. La insolvencia inminente sería aquella basada solo en una previsión de impagos y la insolvencia actual sería aquella situación en la que el deudor ya no puede cumplir con sus obligaciones vencidas y exigibles.

Es la insolvencia actual la que genera la obligación de solicitar el concurso en el plazo de dos meses, por el contrario, la insolvencia inminente, sólo otorgaría al deudor la facultad de adoptar decisiones para evitar males mayores

Incumplir con la obligación de solicitar el concurso puede ser decisivo para que un juez determine que conocías el problema y se obró con mala fe, calificando el concurso como culpable.

Sin embargo mientras esté vigente el estado de alarma no se tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso:

  • El deudor que se encuentre en estado de insolvencia.
  • El deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.

Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. (art. 43 Real Decreto ley 8/2020)

Se avecinan cambios legislativos importantes, porque, aunque el texto refundido de la Ley Concursal no parece establecer modificaciones de relieve, la nueva Directiva Europea de reestructuraciones, que debe ser traspuesta antes de julio de 2021, sí lo hace.

Así, las sociedades con problemas financieros, acogidas a leyes concursales, tendrán la opción de suspender cualquiera de las ejecuciones singulares que tengan en trámite (embargos, ejecuciones judiciales, intervenciones tributarias…) para favorecer las negociaciones de un “plan preventivo de reestructuración”, que en la actualidad tiene una duración de cuatro meses y con la trasposición de la Directiva podría ampliarse hasta un año (art. 6 Directiva (UE) 2019/1023).

La norma europea tiene por objeto dar a las empresas que son viables y que atraviesan dificultades financieras, la posibilidad de reestructurarse en una fase prematura y con ello evitar incurrir en una situación de insolvencia y posiblemente tener que liquidarse en el marco de un concurso de acreedores.

¿Qué es el Preconcurso?

El preconcurso, está regulado fundamentalmente en el artículo 5 bis de la Ley Concursal y consiste en la facultad que tiene el deudor para poner en conocimiento del juzgado que se encuentra en situación de insolvencia y que ha iniciado negociaciones con sus acreedores, fundamentalmente con la intención de:

– Evitar un procedimiento concursal consiguiendo un acuerdo que permita la viabilidad de la empresa o

– Conseguir las adhesiones necesarias para una propuesta anticipada de convenio, que agilice, en su caso, la tramitación futura e inevitable del concurso de acreedores.

En resumidas cuentas, consiste en una declaración al juzgado, debidamente redactada y presentada por abogado y procurador, que nos da un plazo de tres meses, más uno, para realizar un último intento de negociación con nuestros proveedores, especialmente con entidades bancarias para tratar de refinanciar la deuda que tenga la sociedad y así poder reflotarla.

Plazos: Tres meses más uno

Como su propio nombre indica, el preconcurso de acreedores se celebra de forma previa a la declaración de concurso, con el fin de evitar el mismo. La ley obliga a acogerse a la ley concursal pasados los dos meses siguientes al momento en que el deudor tenga conocimiento de su insolvencia. Ese es el momento en el que podrá decidir si comunica la situación preconcursal o si solicita directamente el concurso de acreedores.

De acuerdo con el artículo 5 bis de la ley 22/2003, la empresa en situación preconcursal tiene a partir de entonces un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores e intentar resolver los problemas de liquidez. Si en ese plazo o fase preconcursal no se llega a un acuerdo, la empresa contará con un mes adicional para declarar ante el Juzgado de lo Mercantil el concurso.

A este respecto debe destacarse que el hecho de no alcanzar un acuerdo no implica una responsabilidad para los administradores, salvo que no se hubiera hecho uso real de dicho plazo para negociar, se haya utilizado esta vía con carácter únicamente dilatorio o se haya agravado la situación de insolvencia en este periodo.

Ventajas y desventajas

El preconcurso es una alternativa que ofrece muchas ventajas:

-No altera la rutina laboral durante el tiempo que dure el procedimiento.

A diferencia del concurso, la sociedad no es intervenida por administradores concursales. Es decir, la empresa consigue mantener sus órganos de gobierno y ser responsable de todas las decisiones ejecutivas.

-Evita la mala calificación.

Las empresas en preconcurso quedan protegidas ante la posible solicitud de concurso necesario por parte de sus acreedores.

-Paraliza las ejecuciones.

Desde la presentación de la comunicación no serán posibles las ejecuciones judiciales de bienes o derechos que sean “necesarios para la continuidad de la actividad profesional”.

-No afecta a la Imagen de la empresa.

Las empresas en preconcurso cuentan con cierta privacidad respecto al proceso. Pese a que el secretario judicial puede ordenar la publicación del extracto de la resolución en el Registro Público Concursal, si el deudor así lo solicita de forma expresa éste no se hará público. No obstante, el deudor puede pedir que se levante el carácter de reservado de la comunicación cuando así lo desee.

-Es más barato.

En un preconcurso los gastos siempre serán mucho más bajos que los que se puedan dar en un concurso ya que, su duración es corta y delimitada; no hay administrador concursal y los costes de letrado y procurador son bastante inferiores.

La mayoría de las empresas que acuden al concurso de acreedores lo hacen cuando ya no hay posibilidad de revertir su situación. Las herramientas de estrategia de reestructuración temprana pueden ayudar a su empresa a superar una situación coyuntural de insolvencia siempre que se utilicen a tiempo

Y recordar, una vez que se haya hecho la comunicación del preconcurso no podrá formularse otra nueva en el plazo de un año.