Prestaciones accesorias en la empresa familiar

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Prestaciones accesorias en la empresa familiar

Las prestaciones accesorias son obligaciones asumidas por uno o varios socios en favor de la entidad. Tal y como prevé el Código Civil, su contenido deberá consistir en obligaciones de “dar, hacer o no hacer alguna cosa” (art. 1088 CC).

Para que surtan plena eficacia, deberán incorporarse en los estatutos sociales “expresando su contenido concreto y determinado y si se han de realizar gratuitamente o mediante retribución” (art. 86.1 LSC). Debe tenerse en cuenta que la legislación las diferencia expresamente de las aportaciones de capital, no pudiéndose integrar en el capital social de la entidad (art. 86 LSC).

Consecuentemente, la posible retribución prevista en la ley tampoco podrá consistir en una nueva distribución. Dada la discrecionalidad por parte de la sociedad sobre la adopción de dichas prestaciones, puede establecerse que la obligatoriedad de su cumplimiento afecte a todos o algunos de los socios, e incluso puedan vincularlas a la titularidad de algunas acciones o participaciones sociales determinadas ( art. 86.3 LSC). Este tipo de estipulaciones suelen ser utilizadas principalmente, aunque de forma minoritaria (ya que solo el 0,15% de las sociedades de nuestro país las incorporan a sus estatutos), como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el protocolo.

Resulta muy atractivo para los componentes de la sociedad familiar el poder establecer, estatutariamente, pactos que contribuyan a personalizar una sociedad de capital como familiar. La existencia de una mayor obligatoriedad por parte de los socios repercute en una mayor implicación de éstos respecto de la sociedad. Igualmente, pueden también considerarse como un derecho pues, entre otros aspectos, permiten modular el reparto de los rendimientos obtenidos con la actividad empresarial.

Algunos autores plantean, de forma genérica, que se establezca el cumplimiento del protocolo familiar como prestación accesoria. Sin embargo, es la propia Ley de Sociedades de Capital la que, en su artículo 86, limita su contenido estableciendo expresamente que deberá ser “concreto y determinado” (art. 86.1 LSC). Por tanto, a priori se puede considerar que esta prestación accesoria podría no tener entrada en el Registro Mercantil dada su indeterminación. La única manera de conseguir su inscripción sería estableciendo en los estatutos sociales todas y cada una de las obligaciones asumidas de manera muy detallada.

También cabe considerar que la obligatoriedad de indicar si las prestaciones accesorias conllevan o no una contraprestación económica y, en su caso, su importe (arts. 86 y 87 LSC), radica en que conforman un contrato entre la sociedad y los socios. Existe así un consentimiento recíproco: por un lado el de la entidad, que ha tenido que alcanzar un acuerdo adoptado por mayoría (art. 288 LSC) con su consecuente modificación estatutaria; y por otro lado, el de los socios obligados por la prestación accesoria (art. 88 LSC).

Duración de las prestaciones accesorias

Llegados a este punto he de tratar sobre la duración de las prestaciones accesorias. Al entender, y ante la ausencia legislativa al respecto, se considera que a falta de pacto expreso en los estatutos, su duración está directamente asociada a lo previsto para la transmisión de las acciones o participaciones afectadas. Como ya se ha señalado con anterioridad, es la Ley de Sociedades de Capital la encargada de reglar estas transmisiones por acto ínter vivos. Así, el régimen de transmisibilidad de las acciones o participaciones requiere de la autorización de la sociedad, que corresponderá, salvo que en los estatutos sociales se disponga otra cosa, a la Junta General para el caso de las sociedades limitadas, y a los administradores en las sociedades anónimas ( art. 88 LSC).

Por tanto, en estos casos, las entidades familiares disponen de dos instrumentos jurídicos para evitar la entrada de terceros ajenos a la familia. Una opción consistiría en introducir como cláusula estatutaria la limitación de la transmisibilidad de acciones o participaciones. De esta forma, solo podrían ser adquiridas por los miembros que se hayan dispuesto en el protocolo familiar. La otra alternativa sería mediante el establecimiento de pactos intrafamiliares que contribuyeran a alcanzar la mayoría requerida para adopción de acuerdos, bloqueando así cualquier posible decisión que pudiera resultar perjudicial para la sociedad familiar.

Desde el punto de vista del obligado, cuando forme parte de la familia, sería conveniente establecer como prestación accesoria la obligación de que, en caso de querer transmitir parte o la totalidad de las acciones o participaciones cuya titularidad ostenta, deba efectuarlo a favor de aquellas personas expresamente relacionadas en el protocolo familiar. En mi opinión, y para el caso de que estas personas no pudieran o no quisieran adquirirlas, considero que sería aconsejable establecer un régimen de autocartera, con el fin de garantizar la participación mayoritaria de la familia en la empresa.

Transmisión mortis causa o forzosa

Hasta ahora, me he referido a la transmisibilidad de las acciones o participaciones de la sociedad por actos ínter vivos. Para aquellos casos en los que se produzca una transmisión mortis causa o forzosa, prevalecerán las restricciones si están expresamente contempladas en los estatutos (para la transmisión de acciones los arts. 124 y 125 LSC; y para la transmisión de participaciones los arts. 109 y 110 LSC).

Además, si las prestaciones accesorias tienen un carácter personalísimo, se extinguirán por el mero hecho de dejar de ser socio con independencia de la causa. Ante el incumplimiento de la obligación de la prestación accesoria, son los artículos 86 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 127 del Reglamento del Registro Mercantil, los encargados de recoger y legalizar la posible inclusión de cláusulas penales. No obstante, también es posible incorporar otro tipo de consecuencias como, por ejemplo, la fijación de penas convencionales (art. 56 CCom) u otras sanciones como podrían ser la pérdida del derecho de retribución o la suspensión del derecho a participar en los beneficios, entre otras.

Por último, cabe mencionar la exclusión de socios, consecuencia del incumplimiento de realización de las prestaciones accesorias, pues tiene consecuencias muy dispares según la forma jurídica que reviste la entidad. Así, sobre las sociedades de responsabilidad limitada la Ley de Sociedades de Capital la prevé expresamente cuando el incumplimiento se haya producido de forma voluntaria (art. 350 LSC), aunque también es posible pactarlo e incorporarlo a los estatutos cuando se produzca por causas no imputables al socio incumplidor (art. 351 LSC). En cambio, sobre las sociedades anónimas, y gracias a la publicación de la Ley 25/2011, de 1 de Agosto, tal exclusión solo es posible si ha quedado reflejada en los estatutos de la sociedad familiar (art. 351 LSC).

Asimismo, en este tipo de entidades, la existencia de dichas prestaciones accesorias, lleva implícita la exigencia legal, recogida en el artículo 114 de la Ley de Sociedades de Capital, de que esta mención quede recogida en el título representativo de las acciones respectivas.

En conclusión, y dado todo lo expuesto, se pone de manifiesto que la inclusión de prestaciones accesorias en los estatutos sociales resulta de gran utilidad para las empresas familiares, al posibilitar el traslado de los objetivos del protocolo familiar a un marco jurídico suficiente para que permitan garantizar su cumplimiento.

2018-06-13T11:33:42+00:00

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