El Gobierno elimina el ‘impuesto al sol’ y amplía las coberturas para el bono social eléctrico

El 5 de octubre se acordó derogar el cargo que se imponía a los autoconsumidores por la energía generada y consumida en la propia instalación, lo que se ha venido conociendo como ‘impuesto al sol’, decisión que ha sido aplaudida por empresas y particulares.

La nueva normativa que entrará en vigor en 2021, siguiendo la senda del incremento de producción de energías renovables que persigue Europa (alcanzar una producción del 35% del total de la energía hasta 2030), cada uno de los países tendrán un margen de 6 meses como periodo de adaptación una vez esta normativa entre en vigor.

Entre las medidas expuestas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, están la simplificación de los trámites burocráticos y técnicos para las instalaciones de autoconsumo y la eliminación de la obligación de que las no superiores a 100 kilovatios (KW) se inscriban en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica. También reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo cual permitirá aprovechar las economías de escala, así como el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con el planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y crea empleo.

Bono social

Además, se aprobó un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

El real decreto-ley de Medidas Urgentes hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial, también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente en el caso de las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre.
Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

Pobreza energética

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. Así, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación.

En su elaboración se contará con las comunidades autónomas y entidades locales, las asociaciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.
También el Gobierno pondrá en marcha un bono social térmico, que será una ayuda directa para pagar gastos de calefacción, cocina y agua caliente. Este bono social térmico será una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.

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