La Directiva Europea conocida como whistleblowing establece unas normas mínimas para que los estados miembros garanticen una protección eficaz de los trabajadores del sector privado o público que denuncien infracciones del Derecho de la UE de las que hayan tenido conocimiento en el ámbito laboral. La protección incluso alcanza a los trabajadores cuya relación laboral ha finalizado y a aquellos que hayan tenido conocimiento de infracciones durante un proceso de selección o de negociación precontractual. También alcanza a los accionistas y a miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa.

Así, esta Directiva establece una obligación de que las empresas públicas y privadas de 50 o más trabajadores establezcan canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento que permitan a los trabajadores denunciar infracciones del Derecho de la UE, ya sea de forma verbal o escrita, debiendo quedar, en todo caso,  garantizada la confidencialidad de su identidad. Pudiendo llevarse a cabo la gestión del canal de denuncia bien internamente, por una persona o departamento designado para ello, o bien externamente por un tercero.

En consecuencia los Estados miembros deben trasponer la Directiva a sus ordenamientos internos antes del año 2021. No obstante, para las empresas con menos de 250 trabajadores se puede demorar la obligación de disponer de un canal interno de denuncias hasta el 2023.