Novedades en el apartado Jurídico (Diciembre 2019)

  • DEDUCCIÓN DEL 85% EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES A MERCANTILES DEDICADAS A ALQUILER DE INMUEBLES: Según resoluciones recientes del TSJ Cataluña y TSJ Castilla-La Mancha, las sociedades que se acojan o estén en el citado régimen especial del IS no tienen que tener personal contratado a jornada completa ni local específico para el desarrollo del negocio, puesto que tales requisitos se exigen únicamente a personas físicas que deseen desarrollar tal actividad, pero no a sociedades del este régimen especial.
  • TSJ CATALUÑA: VIDEOVIGILANCIA REALIZADA POR EMPRESA DE DETECTIVES PARA OTRA EMPRESA NO CONTRAVIENE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS SI ESTA ÚLTIMA EMPRESA NO PREAVISA NI SOLICITA CONSENTIMIENTO PARA DICHA ACTUACIÓN DE VIGILANCIA. Empresa contrata a otra empresa de detectives el grabar a una empleada sospechosa de falsificación de tickets de venta. Y el Tribunal da por válida dicha grabación por considerarla que cumple con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, desestimando violación de la intimidad de la trabajadora y estimando por ello el despido como disciplinario y en absoluto como improcedente o nulo.

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  • EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA LOS DESPIDOS DE LOS TRABAJADORES POR CAUSAS OBJETIVAS SI HAY FALTAS DE ASISTENCIA AL PUESTO DE TRABAJO JUSTIFICADAS PERO INTERMITENTES. En una sentencia, el Alto Tribunal de garantías desestima que el artículo 52 d) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores pueda ser inconstitucional y que vulnere derechos fundamentales, subrayando que tal causa de despido no es aplicable a actuaciones susceptibles de afectar a la salud o recuperación del trabajador afectado, ni puede ser adoptada en caso de enfermedades graves o de larga duración, ni en los restantes supuestos excluidos por dicho artículo.
  • EL TRIBUNAL SUPREMO ESTIMA POR PRIMERA VEZ COMO NULAS LAS COMISIONES DE DESCUBIERTOS EN LA CUENTA  Y POR IMPAGO DE LA CUOTA DE UN CRÉDITO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA (Kutxabank), al considerar que las condiciones que las justifican son tan «indeterminadas» que no cumplen con los requisitos de transparencia y buenas prácticas establecidos por el Banco de España, entendiendo que esas.

En su sentencia, el Alto Tribunal considera que el banco de origen vasco tiene comisiones que están finadas «como una reclamación automática» y sin atender a determinados criterios y costes, que son los que todas las entidades deben exponer a la hora de plantear una tasa al usuario, y como ejemplo en su Sentencia indica que la cláusula no discrimina periodos de mora, de tal forma que basta la «inefectividad» de la cuota en la fecha de pago para que se cobre la comisión, además de los intereses moratorios. O que tampoco el banco indique qué gestiones se van a llevar a cabo por parte del banco para reclamar tal posición deudora ni, por lo tanto, tampoco qué gastos reales van a tener que ser soportados por la entidad para tal fin.

El Supremo se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para indicar que la propia indefinición de esa comisión «es la que genera su abusividad«, ya que suma a los intereses de demora otra cantidad «a modo de sanción por el mismo concepto», algo ilegal.

  • EL TC DECLARA INCONSTITUCIONAL LA PLUSVALÍA MUNICIPAL SI SUPERA A LA GANANCIA OBTENIDA.

  • EL SUPREMO DECLARA NULO EL PRECEPTO QUE PERMITÍA A HACIENDA DENUNCIAR POR INDICIOS DELITO FISCAL AL CONTRIBUYENTE DESPUÉS DE LIQUIDAR LA DEUDA.

El Tribunal Supremo ha declarado en reciente sentencia la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria, dado que estima que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.

  • La Justicia Europea reconoce que existe contrato de transporte de viajero aun cuando una persona viaje sin billete -salvo cuando no haya control de acceso al medio de transporte-, importante circunstancia a la hora de posibles responsabilidades o coberturas de seguro.
  • El TSJ del País Vasco ha dictado en reciente resolución que el valor diferenciador entre un becario del trabajador contratado en prácticas es el aspecto formativo en el primero -el trabajador en prácticas es una auténtica relación laboral-. Y en caso de duda, habrá de prevalecer la consideración de existencia de relación laboral en detrimento de la figura del becario.
  • La AEPD ha publicado la «Guía sobre el uso de cookies», con el fin de dar directrices y soluciones que ayuden a cumplir con lo ordenado en el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

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