La importancia de una correcta estructuración fiscal en los contratos de financiación conforme al artículo 39.7 LIS

El artículo 39.7 de la LIS regula la posibilidad de que determinados contribuyentes participen en la financiación de producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, permitiendo al financiador aplicar parte de las deducciones fiscales generadas por dichas producciones.

Este modelo se ha consolidado como una importante vía de financiación alternativa para la industria audiovisual, facilitando la entrada de capital privado en proyectos culturales y cinematográficos. En términos prácticos, este mecanismo permite transformar un incentivo fiscal en una fuente directa de liquidez para la productora, siempre que se cumplan correctamente los requisitos legales, económicos y documentales exigidos por la normativa tributaria.

Sin embargo, la dificultad de este tipo de operaciones y el mayor nivel de revisión por parte de la Administración Tributaria han puesto de manifiesto la importancia de contar con un adecuado asesoramiento jurídico especializado desde la fase inicial de estructuración.

¿Por qué es tan importante una correcta estructuración?

Uno de los errores más frecuentes consiste en considerar que la aplicación de la deducción fiscal se sustenta exclusivamente en la existencia de informes técnicos o en la mera formalización de un contrato de financiación. No obstante, la experiencia práctica demuestra que la Administración exige un análisis mucho más amplio, debiendo quedar acreditada la viabilidad económica y operativa de toda la estructura, así como la adecuación al marco normativo vigente.

En este sentido, resulta imprescindible diseñar adecuadamente la operación desde el inicio, asegurando que exista una correcta alineación entre la estructura contractual suscrita entre las partes, el cumplimiento de los requisitos fiscales y la ejecución efectiva de la producción audiovisual.

La experiencia demuestra que muchas contingencias fiscales no derivan necesariamente del incentivo en sí mismo, sino de deficiencias en la estructuración jurídica de la operación o de inconsistencias entre la documentación contractual y la realidad práctica de la financiación.

Por ello, el asesoramiento jurídico especializado adquiere un papel esencial, no solo en la redacción de los contratos de financiación, sino también en la planificación integral de la operación, la coordinación documental y la prevención de riesgos fiscales futuros.

Riesgos de una deficiente estructuración

La Administración Tributaria viene intensificando la revisión de este tipo de estructuras, analizando conjuntamente contratos, contabilidad, movimientos financieros, documentación técnica y comportamiento efectivo de las partes implicadas.

Una incorrecta estructuración de este tipo de operaciones puede generar importantes contingencias tanto fiscales como económicas. Entre los principales riesgos destacan la pérdida de los incentivos fiscales aplicados, posibles regularizaciones tributarias por parte de la Administración, la imposición de sanciones e intereses de demora, así como la aparición de conflictos entre las partes financiadoras y productoras derivados de una deficiente configuración contractual. 

A ello se suman los posibles riesgos reputacionales asociados a operaciones que no se encuentren adecuadamente documentadas o alineadas con la realidad económica de la financiación. Frente a este escenario, una correcta planificación jurídica y fiscal no solo permite minimizar riesgos y aportar mayor seguridad jurídica a todos los intervinientes, sino también optimizar los recursos financieros de la operación y facilitar la entrada de inversión privada en proyectos audiovisuales.

El papel de Fimax Asesores

En Fimax Asesores contamos con una sólida experiencia en la estructuración jurídica y fiscal de operaciones de financiación audiovisual conforme al artículo 39.7 de la LIS, acompañando tanto a productoras como a financiadores en todas las fases de la operación.

Nuestro enfoque combina asesoramiento fiscal, contractual y estratégico, con el objetivo de dotar a cada operación de la máxima seguridad jurídica y minimizar contingencias futuras, garantizando que la estructura responda no solo a los requisitos formales de la norma, sino también a la realidad económica de la financiación.

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