Cuando la investigada es tu empresa
El contrato con el ayuntamiento llegó un viernes y se celebró como lo que parecía: una buena noticia. Nadie en dirección sabía que, semanas antes, el comercial había acordado un «detalle» con el técnico que valoraba las ofertas.
Meses después, un lunes, llega una notificación del juzgado. Hay dos investigados. Uno es el comercial. El otro es la empresa.
A partir de ese momento, al juez no le interesa tanto lo que sabía la dirección como otra cosa:
«¿Qué había hecho su empresa para evitarlo?»
Si la respuesta es «nada», la empresa tiene un problema serio. Si la respuesta es un sistema de compliance que funcionaba, puede quedar exenta de responsabilidad. Esa diferencia se construye antes, no después.
¿Cuándo responde penalmente una empresa?
Desde la LO 5/2010, el artículo 31 bis del Código Penal permite atribuir un delito a una persona jurídica cuando se comete en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto. Hay dos vías:
- La primera es que lo cometa quien manda: sus representantes legales o quienes están autorizados a tomar decisiones u ostentan facultades de organización y control (art. 31 bis.1.a).
- La segunda es que lo cometa quien obedece: un empleado que ha podido delinquir porque los anteriores incumplieron gravemente sus deberes de supervisión, vigilancia y control (art. 31 bis.1.b).
Tres matices técnicos:
- El primero es que la responsabilidad de la empresa es autónoma: puede ser condenada aunque la persona física no se identifique, no se juzgue o haya fallecido (art. 31 ter CP).
- El segundo, que solo responde por delitos tasados (numerus clausus). La lista no es corta y toca de lleno la actividad diaria de muchas pymes: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis), cohecho (427 bis), tráfico de influencias (430), corrupción en los negocios (288), estafa (251 bis), blanqueo de capitales (302.2), revelación de secretos (197 quinquies), delitos contra el medio ambiente (328) y, desde 2022, acoso sexual y laboral (184 y 173.1).
- Y el tercero, que la responsabilidad se hereda. Si la sociedad se transforma, se fusiona, es absorbida o se escinde, la responsabilidad penal se traslada a la entidad resultante (art. 130.2 CP). Comprar una empresa sin revisar su compliance es comprar también sus riesgos.
¿Por qué «yo no sabía nada» no sirve?
El Tribunal Supremo ha construido la responsabilidad penal de la empresa sobre un defecto de organización propio: la ausencia de una verdadera «cultura de cumplimiento» que habría evitado o dificultado el delito (SSTS 154/2016, de 29 de febrero, y 221/2016, de 16 de marzo).
Técnicamente, la STS 221/2016 sitúa en la acusación la carga de probar ese defecto estructural: no se presume por el mero hecho de que un empleado haya delinquido. Pero eso no es motivo para relajarse. Si la empresa no puede aportar prueba de sus propios controles, la acusación tendrá muy fácil demostrar que no existían.
La consecuencia práctica es clara. El juicio a la empresa no gira en torno a la buena fe de sus administradores, sino en torno a una pregunta objetiva: ¿estaba la empresa organizada para prevenir ese delito? Y esa pregunta solo se responde con hechos y documentos, no con buenas intenciones.
El precio de no hacer nada: las penas para la empresa
La pena más habitual para una persona jurídica es la multa: de 30 a 5.000 € diarios durante un máximo de cinco años, o proporcional al beneficio obtenido o al perjuicio causado (arts. 33.7, 50 y 52 CP). Pero no es la única ni la peor.
El mismo artículo 33.7 permite al juez imponer:
- La disolución de la sociedad.
- La suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales durante hasta cinco años.
- La prohibición de las actividades en las que se cometió el delito (hasta quince años o de forma definitiva).
- La inhabilitación para obtener subvenciones, contratar con el sector público o gozar de beneficios fiscales (hasta quince años).
- La intervención judicial de la empresa (hasta cinco años).
Para decidirlo, valora la necesidad de evitar que el delito continúe, las consecuencias económicas y sociales, especialmente para los trabajadores, y el puesto de quien falló en el control (art. 66 bis CP).
A eso se suman efectos que no están en el Código Penal pero pesan igual: la prohibición de contratar con la Administración que la Ley de Contratos del Sector Público impone a las personas jurídicas condenadas por sentencia firme por delitos como el cohecho, el tráfico de influencias o los delitos contra la Hacienda Pública (art. 71.1.a LCSP), la pérdida de financiación y, sobre todo, el daño reputacional.
Ojo con el canal de denuncias. Si tu empresa tiene 50 o más trabajadores, la Ley 2/2023 ya te obliga a tenerlo. No implantarlo es una infracción muy grave, sancionable con multas de 600.001 a 1.000.000 € para personas jurídicas (art. 65).
El escudo del artículo 31 bis: cuándo queda exenta la empresa
Aquí está el argumento más potente para implantar compliance: la ley premia a la empresa que se organizó bien.
Si el delito lo comete un directivo, la sociedad queda exenta si acredita que el órgano de administración había adoptado y ejecutado con eficacia, antes del delito, un modelo de organización y gestión idóneo para prevenirlo; que la supervisión de ese modelo estaba confiada a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control; que el autor cometió el delito eludiendo fraudulentamente el modelo, y que ese órgano no descuidó su vigilancia (art. 31 bis.2 CP).
Si el delito lo comete un empleado, el listón es más bajo: basta con haber adoptado y ejecutado eficazmente un modelo adecuado antes del delito (art. 31 bis.4). Y aunque solo se acredite una parte de estas condiciones, la ley obliga a tenerlo en cuenta para rebajar la pena.
Incluso cuando el problema ya ha surgido, implantar medidas eficaces de prevención antes del juicio oral es una atenuante (art. 31 quater.d CP). Tarde es mejor que nunca, pero antes es muchísimo mejor.
¿Qué debe tener tu modelo de compliance penal para que funcione?
El artículo 31 bis.5 CP fija los requisitos mínimos. Todo empieza por un mapa de riesgos que identifique en qué actividades de la empresa podrían cometerse los delitos que hay que prevenir. Sobre esa base se diseñan protocolos que concreten cómo se toman y se ejecutan las decisiones, y una gestión de los recursos financieros que impida usar el dinero de la empresa para delinquir.
El modelo necesita además una obligación de informar de riesgos e incumplimientos al órgano de vigilancia, que en la práctica se canaliza a través del canal de denuncias; un régimen disciplinario que sancione a quien incumpla, y una verificación periódica que obligue a revisarlo cuando haya infracciones relevantes o cambien la organización, la estructura de control o la actividad.
Lo que convence a un juez son las evidencias: actas, formaciones, controles aplicados y denuncias gestionadas, todo con fecha. Un manual de plantilla guardado en un cajón no supera ese examen.
Volvamos a ese lunes
Misma empresa, mismo comercial, mismo contrato. Pero esta vez las ofertas públicas llevan doble firma, hay una política clara sobre regalos y una compañera que ve algo raro lo cuenta por el canal de denuncias. El responsable de cumplimiento investiga, frena la operación y aplica el régimen disciplinario. Todo queda por escrito.
Llega el lunes y no pasa nada. Y si algún día llegara esa notificación, la empresa tendría lo que el juez va a pedir: pruebas de que hizo todo lo razonable para evitarlo.
Si te preguntas si tu empresa está obligada a tenerlo, lo explicamos en ¿es obligatorio el compliance en la empresa? Y para ponerlo en marcha paso a paso, te puede interesar nuestro artículo sobre cómo implantar un sistema eficaz de compliance empresarial.
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